El estudio desarrollado por el economista Claudio E. Raddatz K. para Cajas de Chile AG en agosto y presentado por Diario Financiero el jueves 07 de diciembre de 2023, arroja importante información acerca del endeudamiento y sobreendeudamiento de trabajadores en Chile, y plantea interesantes propuestas de mejora.
El análisis comparativo del marco de insolvencia chileno indica que este sigue de cerca las mejores prácticas internacionales, especialmente en la etapa de renegociación y que, condicional a la autoselección de deudores entre las distintas vías, el proceso de renegociación es muy exitoso. ¿Es posible, en este contexto, diseñar intervenciones adicionales que permitan mitigar el problema de sobreendeudamiento?
Educación e información.
En el marco de esta figura, existe claramente espacio para mejorar en educación financiera y en disponibilidad de información que permita a los acreedores conocer fehacientemente la situación del deudor al momenta de dar un crédito.
Respecto a educación financiera, si bien existen múltiples campañas de educación financiera públicas y privadas, estas deben lidiar con problemas profundos del sistema educacional, donde pruebas estandarizadas sugieren que una fracción importante de la población tiene problemas de comprensión lectora y habilidades matemáticas básicas y poco desarrolladas (Ministerio de Educación, 2016). El éxito de estos programas está seriamente condicionado por estos factores. En este frente, es probablemente más provechoso que sean los oferentes quienes diseñen productos financieros simples y transparentes que sean fáciles de comprender por la población general en vez de buscar educarla para que entienda productos más complejos.
Ideas como la estandarización del reporte del costo de crédito a través del CAE, que buscaba lograr este objetivo, no han logrado los resultados esperados y es posiblemente necesario diseñar comparaciones estandarizadas que transformen los productos financieros en cifras de más simple comprensión, como cuotas mensuales o el múltiplo del precio del producto que se terminará pagando, sin descansar necesariamente en conceptos complejos como el de valor presente.
Un aspecto importante relacionado parcialmente con la educación financiera es la asesoría a deudores.
Existen múltiples experiencias internacionales de sistemas de asesoría a deudores en etapas previas a la insolvencia que proveen diversos servicios, tales como organización de gastos y presupuesto, priorización de pagos, ayuda legal, e información sobre el proceso de insolvencia.
La provisión de estos servicios varía a traves de jurisdicciones, aunque los sistemas de asesoría más desarrollados están centralizados o coordinados por entidades públicas (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditios, 2020). Existen también experiencias de sistemas de asesorías financiadas directa o indirectamente por acreedores. En general, la cobertura y acceso a estos sistemas es más limitada en países donde su provisión se concentra en abogados privados y pequeñas ONGs (e.g. Latvia, Eslovenia) y mayores donde existen entidades públicas o semipúblicas a cargo de ellos o de su coordinación.
En Chile la asesoría a deudores no está regulada, está concentrada en el sector privado, y ha sido objeto de cuestionamientos relacionados con malas prácticas.11 Este parece un frente donde hay espacio para mejorar. Hay varias opciones factibles de implementar para avanzar con un sistema de apoyo y asesoría a deudores centrado en velar por los intereses de estos.
Una opción es desarrollar un sistema de asesorías al amparo de la SIR, extendiendo el servicio existente de asesorías para empresas en crisis (Asesoría Económica de Insolvencia) al ámbito de personas deudoras y a etapas tempranas. Si bien la SIR acompaña al deudor a través del proceso de renegociación, no hay etapas tempranas de asesoría, previas a que el deudor entre en mora en varios créditos. Al mismo tiempo, coma una segunda opción, es posible desarrollar o extender el registro de asesores económicos de insolvencia de la SIR al ámbito de la asesoría de personas, de forma de que estos asesores cuenten con un proceso de certificación y con información pública de su desempeño.
Finalmente, los mismos oferentes de crédito podrían contribuir a la creación de servicios de asesoría a deudores dentro de un marco definido por la SIR o la CMF y provistos por profesionales debidamente registrados.
La existencia de un sistema ordenado de asesoría a deudores, además de contribuir a educar al deudor, ayudarlo a poner en orden sus finanzas, y conocer las opciones disponibles para resolver su situación, tiene la ventaja de que estos sistemas sirven de punto de entrada para la prestación de otros servicios, tales como el de manejo de deuda.
Desde la perspectiva de información para la originación del crédito, es clave avanzar y finalmente aprobar el proyecto de ley que crea el registro consolidado de deudas. Esto permitirá a todos los oferentes de crédito evaluar adecuadamente la situación del deudor al momenta de originar el crédito y potencialmente traspasar parte de los costos a los acreedores que prestaron sabiendo que el deudor tenía una carga financiera excesiva.
Un beneficio adicional, es que, en el contexto de un sistema de asesoría temprana, esta información podría también ser usada para informar a deudores potencialmente en riesgo de la existencia de servicios de asesoría a los que podría acudir. Esto podría contribuir a que los deudores se aproximen tempranamente a estos sistemas y no solo cuando se encuentran ya en una situación crítica.
Renegociación de deudas.
Si bien el proceso de renegociación tiene una alta tasa de éxito, el bajo porcentaje de uso de esta vía versus la liquidación voluntaria sugiere que los incentivos a renegociar son bajos en relación con liquidar. La SIR no entrega información acerca de los términos de la renegociación y el recorte en valor presente logrado, pero dada la preferencia por liquidación voluntaria, es probable que no sea alto. El procedimiento de renegociación no requiere de la unanimidad de los acreedores, sino que de acuerdo entre acreedores que representen el 50% del pasivo reconocido, lo que reduce la posibilidad de hold up y lograr acuerdos más convenientes al deudor. Sin embargo, los créditos caucionados, y en particular las hipotecas, pueden ser sacados del acuerdo si el acreedor se opone. Esto implica que el acuerdo de renegociación aplica en la práctica a deudas no colateralizadas, que pueden ser de menor importancia para los deudores, reduciendo su incentivo a participar del procedimiento.
Una alternativa para aumentar el porcentaje de deudores que opte por renegociar sus créditos podría consistir en que sea mandatorio pasar por el proceso antes de llegar a la via judicial. Esto sería equivalente a eliminar la opción de liquidación voluntaria iniciada por el deudor o de liquidación forzosa iniciada por los acreedores actualmente existentes. Sin embargo, es posible que tal requerimiento simplemente resulte en una caída en la tasa de éxito del proceso de renegociación, en línea con lo observado en países que tienen sistemas mandatorios, terminando con una situación final similar a la existente hoy, pero con mayores costos. Algunos países han aumentado la tasa de éxito de estos procesos mandatorios a través de un mayor involucramiento de entidades públicas administrativas con facultades para definir programas de pago similares a los alcanzados bajo tutela judicial (e.g. Tailandia). Sin embargo, este tipo de medidas ha sido adoptada de manera excepcional ante situaciones generalizadas de alto endeudamiento y no como parte de un sistema regular para tratar el problema.
Considerando lo anterior, un área donde hay espacio de mejora es contar con mecanismos que faciliten una renegociación temprana de la deuda como parte de un proceso de asesoría a deudores con alta carga que no hayan aún entrado en mora. Como se mencionó brevemente en la sección anterior, uno de los servicios que prestan los sistemas de asesorías a deudores en otros países incluye el apoyo en la reestructuración de deudas (frecuentemente de altos intereses) en un único crédito de plazos y tasas más adecuadas.
Existen diversos modelos para esta renegociación.
En muchas jurisdicciones, existen oferentes de crédito especialmente dedicados a este tipo de préstamos de consolidación que ofrecen sus servicios directamente a los deudores. En ausencia de asesoría adecuada, este sistema requiere que el deudor sea capaz de evaluar correctamente la conveniencia de las diversas ofertas recibidas, en comparación con su situación actual. Sin tal capacidad, es posible que el deudor termine aceptando créditos aparentemente más convenientes pero que resulten en un mayor pago total de intereses. Por ejemplo, créditos con menores cuotas (que pueden reducir la carga financiera inmediata) pero con plazos mucho más largos y mayor valor presente de pagos. Dado esto, este modelo de funcionamiento requiere de un sistema de asesoría a deudores o de deudores con capacidad de análisis financiero. En Chile, algunas instituciones, tales como el Banco Estado o cajas de compensación, ofrecen créditos de consolidación, pero con alcance limitado.
Un modelo alternativo es el de planes de manejo de deuda. En los Estados Unidos, estos planes son usualmente intermediados por asesores de deuda certificados por la National Foundation for Credit Counceling (NFCC) una organización sin fines de lucro. Además de los servicios de asesoría antes mencionados, los asesores de deuda pueden guiar al deudor en la obtención de un crédito para consolidación de deuda, u ofrecer la opción de intermediar por el deudor con los acreedores para presentarles un plan de manejo de deuda que involucre una reducción del monto de la deuda. Usualmente este tipo de servicios se enfoca en deuda rotativa. Su aprobación permite al deudor reducir su deuda, pero le impide tomar nuevos créditos y los planes solo aplican a los acreedores que aceptan voluntariamente el plan propuesto, reduciendo su eficacia.
Un tercer modelo es el de consolidación de deuda en el marco de programas especiales que cuentan con algún tipo de garantías (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2020). Esto es muy similar a la obtención de un préstamo de consolidación bajo asesoría financiera gestionada por entidades especiales públicas o semipúblicas. Por ejemplo, en Italia, el Fondo para la Prevención de la Usura (Fonda per la Prevenzione del Fenomeno dell'Usura) otorga créditos garantizados con fondos públicos para consolidar deudas a personas sobreendeudadas2. Estos son intermediados por Adiconsum, una organización de defensa de consumidores en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (3). En Finlandia, Takuusäätiö es una organizaci6n sin fines de lucro que administra un fondo de garantía para préstamos de consolidación.4 Este fondo es parcialmente financiado con fondos recolectados por el gobierno desde la industria de apuestas más otras donaciones. Tanto en Italia como en Finlandia, el objetivo más amplio de las entidades que intermedian estos fondos es asesorar a los deudores en problemas de manera temprana, siendo el préstamo de consolidación garantizado una de las opciones. Para acceder a este tipo de créditos, los deudores deben cumplir una serie de requisitos que son evaluados por las entidades administradoras. Entre ellos esta que el análisis de la situación económica y financiera del deudor indique que podrá cumplir con el pago del nuevo préstamo. Este aspecto es clave para minimizar el riesgo que asume el fondo de garantía y el riesgo moral para deudores y acreedores.
Estos tres tipos de modelos pueden convivir, generando un ecosistema que ofrece una diversidad de opciones a los deudores.
Sin embargo, un aspecto que parece relevante en todas las instancias es la presencia de asesores que acompañen al deudor y puedan analizar adecuadamente la conveniencia de estas diversas opciones o de optar directamente por el procedimiento de insolvencia en casos donde la situación del deudor haga irreal la posibilidad de que cumpla con un crédito de consolidación aún bajo condiciones más favorables o con un plan de manejo aceptable voluntariamente para los acreedores.
1: Por ejemplo, en el año 2020 el Servicio Nacional del Consumidor inició una investigación por malas prácticas en este sector. Ver https:/ /www.sernac.cl/portal/604/w3-article-58648.html
3: Ver https://www.adiconsum.it/
4: Ver https://www.takuusaatio.fi/
Fuente: Financiamiento y Endeudamiento de Hogares en Chile, Caracterización y Opciones de política, Claudio E. Raddatz K. Informe preparado para Cajas de Chile AG, agosto de 2023.
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