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Gasto de bolsillo en salud.


El gasto total de salud en Chile (7,5% PIB, o US$1.568 PPP, 2011) resulta muy inferior al promedio de los países de la OECD (2013). En términos de la composición del financiamiento, la proporción pública resulta considerablemente más baja que el promedio OECD, mientras que el gasto de bolsillo constituye la principal fuente de financiamiento.

Existen altos niveles de copagos que deben cancelar los beneficiarios y otros pagos directos de bolsillo que surgen debido a que los medicamentos ambulatorios no están incluidos en el seguro y, además, las prestaciones tienen montos máximos a pagar por los aseguradores. Si se tiene presente que muchos de las enfermedades son eventos riesgosos, entonces existe la posibilidad que sean para muchos un evento catastrófico biomédico con la connotación negativa en la perspectiva de la estabilidad financiera de los hogares. De hecho, el 3,6 por ciento de los hogares se encontraría en tal situación (Cid y Prieto, 2012).

El copago promedio por beneficiario asociado a prestaciones ambulatorias de Isapres abiertas para el año 2013, es de $138.044 y el asociado a prestaciones hospitalarias es de $866.568.

Un análisis respecto de los copagos considera la proporción de la renta o el ingreso que éstos representan. Para esto, se incluye el total de copagos anuales asociados a un grupo familiar o contrato (cotizante más cargas) y la renta imponible anual del cotizante para dicho contrato. En promedio, para los beneficiarios de Isapres abiertas, el copago anual sobre la renta imponible representa un 3,7% (con un 23% de desviación). Al dejar fuera del análisis a los beneficiarios que durante el año 2013 tuvieron copago cero, el promedio de gasto en copagos anuales sobre la renta imponible sube a 4,1% (con una desviación de 25%).

Al ordenar la población beneficiaria ordenada de acuerdo a percentiles de renta imponible, se encuentran importantes diferencias dependiendo del nivel de ingresos; en particular, se observan porcentajes considerablemente mayores para los percentiles de ingresos más bajos.

Al observar con mayor detalle la composición de la cotización pactada por beneficiario de ISAPREs abiertas para el año 2013, por ejemplo, ordenando a la población beneficiaria por percentil de renta imponible o por tramos de edad, es posible constatar que existe una brecha entre la cotización pactada y la prima 7%, que es mayor en los beneficiarios de ingresos más bajos y también en beneficiarios de mayor edad. De esta manera, se tiene que la cotización adicional es considerablemente mayor tanto en los beneficiarios de relativamente menores ingresos y en los grupos etarios más altos, siendo en los primeros mayor a $20 mil por beneficiario y en los segundos incluso de más de $70 mil. Es decir, estos dos grupos deben “compensar” su 7% con un monto de recursos importante para poder acceder a los planes ofrecidos por el sistema.

No podemos olvidar, que casi un 80% de la población beneficiaria se encuentra afiliada a Fonasa, donde el gasto de bolsillo familiar aumenta, y afecta principalmente a los hogares de menores ingresos.

La Encuesta Nacional de Salud del año 2009 permite comparar las prevalencias de daño en salud de las poblaciones beneficiarias de ISAPRE y FONASA para las enfermedades incluidas en el estudio. Lo esperable es que la población de FONASA presente mayores prevalencias de daño en promedio debido a tres factores fundamentales: el mayor envejecimiento de sus beneficiarios, el menor nivel de ingreso promedio de sus afiliados y la no existencia de barreras de ingreso para las personas con pre-existencias.

Si se considera la condición de discapacidad (ámbito físico, intelectual o psiquiátrico), se tiene que el porcentaje de discapacitados es mayor en la población de FONASA para prácticamente todas las categorías edad/ingresos (en promedio general, siete por ciento para FONASA y 2,4 por ciento para ISAPRE), si bien las diferencias son a veces menos pronunciadas que al considerar el auto-reporte de salud. En este contexto es importante recordar que la discapacidad aumenta con la edad de las personas. 


La cobertura financiera promedio para prestaciones otorgadas por MLE (modalidad de libre elección) fue de 39,3% para el año 2013, es decir, un nivel de copago de 60,7%. Para este período, las prestaciones de mayor cobertura fueron los Pagos Asociados a Emergencias (PAE) (72,5%), y los Pagos Asociados a Diagnósticos (PAD) no dentales (63,5%), mientras que las menores coberturas se asocian a los días cama (2,6%, copago de 97,4%), que se explicaría por la facultad de los prestadores privados de cobrar diferenciales. En el caso de las atenciones médicas, las coberturas promedio fueron de 52,4% (FONASA, 2014).

Todo indica que los costos relacionados a la salud seguirán creciendo, siendo el desarrollo económico y tecnológico la variable que más estimula el crecimiento de este sector, así como también lo es el envejecimiento poblacional. Se puede observar que el índice de fecundidad en Chile ha sufrido una continua contracción, pasando de 5,58 en 1960, a 2,09 en el año 2000 y a 1,83 en 2012, lo que significa que el país tendrá una proporción cada vez más alta de adultos mayores en su población.

De la misma manera, la esperanza de vida al nacer ha ido en aumento desde 72,9 años en 1990, llegando a 78,3 en 2012. Dado que los gastos en salud también aumentan con la edad, se puede entonces prever que su crecimiento seguirá aumentando por sobre el PIB.

Corolario: el entregar un beneficio de seguro de salud - afinado con el colectivo organizacional, representa una fuente adicional de ingreso que amplifica con creces el poder adquisitivo de sus empleados en tiempos de crisis.

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